La bancada del Partido Nacional, primera fuerza de oposición, se abstuvo de votar, porque no reconoce a la Comisión Permanente creada el 1 de noviembre por el titular del poder Legislativo, Luis Redondo.

El Parlamento de Honduras aprobó este lunes el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado por alrededor de 407.337 millones de lempiras (16.458 millones de dólares), en una sesión extraordinaria después cuatro meses y medio que tenía el poder legislativo de no celebrar sesiones.

En la sesión, que se inició hacia las 10:00 horas locales (16:00 GMT) y finalizó a las 23:20 (05:20 GMT), también fueron electos los miembros de la nueva junta directiva del Parlamento para los próximos dos años, menos su titular, Luis Redondo, que rige por cuatro años, y fueron aprobadas dos amnistías, una orientada a favorecer a propietarios de vehículos y otra en materia de energía eléctrica.

Las dos iniciativas fueron aprobadas por mayoría simple, en una sesión extraordinaria, con el voto de 72 diputados, de los 128 que integran el Parlamento, que no celebraba sesiones desde a finales de agosto de 2023, por falta de consensos para elegir a los nuevos fiscal general del Estado y fiscal adjunto, quienes debieron asumir el 1 de septiembre.

La bancada del Partido Nacional, primera fuerza de oposición, se abstuvo de votar, porque no reconoce a la Comisión Permanente creada el 1 de noviembre por el titular del poder Legislativo, Luis Redondo.

Los diputados del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), que tiene 50 asientos, contaron con el respaldo de unos pocos votos de los opositores partido Liberal, Salvador de Honduras, Anticorrupción y Democracia Cristiana.

Uno de los vicepresidentes del Parlamento, Hugo Noé Pino, dijo a los periodistas que las instituciones del Estado ya podrán disponer del nuevo presupuesto, que debió ser aprobado a más tardar el 31 de diciembre, lo que no fue posible por la crisis política derivada de la elección de los dos nuevos fiscales.

El 1 de noviembre Redondo creó una Comisión Permanente del Parlamento que eligió de manera interina a Johel Zelaya como fiscal general, y a Mario Morazán, como adjunto.

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