EE.UU.- El caso de Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras, ha captado la atención internacional debido a su reciente condena por narcotráfico en Estados Unidos. Según las autoridades estadounidenses, Hernández utilizó su posición política para convertir a Honduras en un narco-Estado, facilitando la importación masiva de cocaína hacia Estados Unidos.

Durante el juicio, que duró más de dos semanas, la Fiscalía presentó testimonios de narcotraficantes hondureños que aseguraron haber pagado grandes sumas de dinero a Hernández para obtener protección y apoyo logístico para el tráfico de drogas a través de Honduras.

El ex mandatario, conocido como JOH, ha negado repetidamente las acusaciones, afirmando que su juicio fue injusto y plagado de errores por parte del sistema de justicia estadounidense.

Carta pública

En una carta dirigida al juez Kevin Castel, quien presidió su caso, Hernández denunció que fue víctima de un linchamiento judicial y criticó la falta de diligencia en la investigación por parte de los fiscales y agentes involucrados.

Ana García, esposa de Hernández y también abogada, expresó su indignación por el proceso judicial, argumentando que su esposo fue tratado injustamente y comparándolo con un prisionero de guerra en una celda diseñada para terroristas. García ha sido una defensora pública de la inocencia de su esposo a través de las redes sociales y ha cuestionado la imparcialidad del sistema judicial estadounidense en este caso.

El juicio concluyó con Hernández siendo declarado culpable de tres cargos relacionados con narcotráfico y armas, enfrentando una posible sentencia de cadena perpetua. Su arresto en febrero de 2022 en Honduras y posterior extradición a Estados Unidos marcaron un hito significativo en la lucha contra el narcotráfico en la región centroamericana.

El caso de Hernández ha puesto de relieve la complejidad de las relaciones entre política y crimen organizado en América Latina, así como las implicaciones de la cooperación internacional en la persecución de altos funcionarios implicados en actividades ilícitas.