El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Regional de Olancho, realizó una operación para proteger el núcleo del Parque Nacional Sierra de Agalta. La medida busca preservar el ecosistema y garantizar la conservación de áreas protegidas.

El equipo técnico del programa Andrés Tamayo, asignado a la Fiscalía Regional de Olancho, desalojó a pobladores ilegales, inhabilitó una carretera y destruyó materiales e infraestructuras en esta área protegida de Dulce Nombre de Culmí.

Destruyeron 11 viviendas, tres kilómetros de cerco y una carretera, además de decomisar una motosierra, cuatro armas de fuego tipo escopeta y 33 cartuchos de escopeta calibres 12 y 22.

Las investigaciones del equipo técnico, con apoyo jurídico de fiscales, revelaron un daño ambiental significativo en la Sierra de Agalta. Las construcciones ilegales y la apertura de carreteras destruyeron parte del bosque.

El equipo técnico del programa Andrés Tamayo presentó una denuncia de oficio para iniciar las investigaciones pertinentes y confirmar los daños ambientales causados por los asentamientos ilegales.

Esta operación contó con el apoyo de diversas instituciones: la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), jueces del medio ambiente y de Paz de Catacamas, el Primer Batallón de Artillería, el Primer Batallón de Ingeniería y el Primer Batallón de Protección Ambiental.