Una de las nuevas medidas que la Unidad de Política Limpia implementará para las elecciones primarias y generales de 2025 es el monitoreo de gastos de propaganda en redes sociales. Esta acción busca detectar el uso de fondos del crimen organizado en campañas políticas, un problema recurrente en elecciones anteriores, incluyendo los procesos electorales de 2014 y 2018, que llevaron a la presidencia al abogado Juan Orlando Hernández.

Además, contarán con asistencia técnica internacional y la presencia de fiscales en el campo durante los mítines políticos y cierres de campaña para incluir estos gastos en los fondos totales. En 2021, la Fundación Hanns Seidel, dedicada a fiscalizar los procesos de elección en apoyo a la democracia, realizó un estudio que demostró, con base en análisis de las elecciones desde 1982, que en Honduras existen tres fuentes de ingresos para las campañas: una legal y dos ilegales. Las fuentes ilegales incluyen donaciones de terceros con dinero de origen dudoso y financiamiento estatal a través de la corrupción. La única fuente lícita es a través de donaciones legales y fondos públicos asignados por la cuota partidaria.

La deuda política es el término que se utiliza para referirse al presupuesto estatal que se aporta a los partidos con el fin de contribuir a su funcionamiento y retribuir parte de los gastos de las campañas políticas. La cantidad se fija en función del número de votos válidos obtenidos por el partido político en el nivel electivo más votado (presidencial, municipal o legislativo) en las últimas elecciones generales, considerando el valor del voto. A pesar de que la finalidad del financiamiento público es nivelar la competencia electoral entre los partidos políticos y candidatos, la evidencia muestra que los partidos políticos más grandes se benefician con montos mayores a los que obtienen los partidos políticos nuevos o más pequeños. Esto perpetúa y acentúa las desigualdades entre ellos.

Las condiciones desiguales de competencia aumentan los costos de hacer política en Honduras. Los candidatos que ocupan cargos públicos tienen acceso a más recursos y pueden invertir más en sus campañas. Esto obliga a los demás candidatos a hacer esfuerzos económicos adicionales para competir al mismo nivel. Este fenómeno desalienta la participación de sectores menos favorecidos, como mujeres, jóvenes y minorías étnicas. La falta de un marco legal fuerte y creíble en materia de financiamiento político, junto con la penetración del crimen organizado, agrava aún más la situación, afirman expertos.