“Tren de Aragua”: el sanguinario grupo criminal sancionado por EEUU 

by Tania Gálvez |

“Tren de Aragua”: el sanguinario grupo criminal sancionado por EEUU 

Estados Unidos impuso sanciones al Tren de Aragua, una pandilla venezolana que comenzó en una prisión y ahora opera en toda América Latina. La Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional por actividades que incluyen tráfico de personas, violencia de género, lavado de dinero y tráfico de drogas.

El Departamento del Tesoro afirmó que la designación del Tren de Aragua responde a la amenaza creciente que representa para las comunidades estadounidenses. La pandilla ha utilizado sus redes transnacionales para traficar personas, especialmente mujeres y niñas, con fines de explotación sexual y servidumbre por deudas. Además, la organización se ha involucrado en violencia de género, el lavado de dinero y el tráfico de drogas, entre otras actividades ilícitas.

Brian Nelson, del Tesoro de Estados Unidos, declaró: “Desplegaremos todas las herramientas y autoridades contra organizaciones como el Tren de Aragua que se aprovechan de poblaciones vulnerables para generar ingresos, participan en una variedad de actividades criminales a través de las fronteras y abusan del sistema financiero estadounidense.”

La sanción impuesta bloqueará todos los bienes e intereses del Tren de Aragua que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. Esta medida busca desmantelar las operaciones financieras de la organización y limitar su capacidad para continuar con sus actividades delictivas.

El Tren de Aragua ha ampliado su alcance más allá de Venezuela, operando en varios países de América Latina. Esta expansión ha permitido a la pandilla diversificar sus fuentes de ingresos y afianzar su influencia en distintas regiones. Las sanciones impuestas por Estados Unidos representan un esfuerzo significativo para combatir las actividades criminales del Tren de Aragua y proteger a las comunidades afectadas por sus acciones.

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