Sorprende y no sorprende la decisión de la presidenta Xiomara Castro, de poder fin, de un plumazo, al Tratado de Extradición, de más de cien años con Estados Unidos. Esta decisión, que se materializará en seis meses, es el resultado de una serie de tensiones diplomáticas, errores de ambas partes e imprudencias. 

Como excusa se usó la crítica pública de la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, quien cuestionó una reunión entre altos funcionarios hondureños, incluyendo a su sobrino, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, el jefe de las fuerzas armadas Roosevelt Hernández, y el presunto narcotraficante venezolano y jefe de las fuerzas armadas de aquel país general Vladimir Padrino, en Caracas. Las declaraciones de Dogu, vistas como una injerencia en los asuntos internos de Honduras, fueron recibidas con indignación por la presidenta Castro, quien en un gesto que algunos calificaron como desproporcionado, denunció en su cuenta de X el tratado de extradición, afirmando que “la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes, es intolerable”.

El Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos fue firmado en 1909, cuando presidían los presidentes Miguel R. Dávila y William H. Taft y reformado en 1927, siendo presidentes Miguel Paz Barahona y Calvin Coolidge, en ambos contextos, los gobiernos hondureños retornaban de sendas crisis políticas que habían llevado a la guerra civil y, en el caso de 1909, el derrocamiento por una invasión de Nicaragua, del presidente Manuel Bonilla. Estados Unidos buscaba, con este tratado, dar cierta estabilidad jurídica al país centroamericano, para garantizar sus intereses económicos que entonces orbitaba al rededor del capital bananero. No fue hasta 2014 que el tratado se empleó activamente para extraditar a hondureños a Estados Unidos, principalmente a narcotraficantes de alto perfil. Nuevamente, el país volvía de una intensa crisis política y social que produjo la destitución por golpe de Estado del expresidente Zelaya y el fortalecimiento de las estructuras del narcotráfico, aprovechando el vacío institucional que dejó la vorágine política. Desde entonces, un total de 47 hondureños han sido extraditados, lo que ha sido clave en la lucha contra el narcotráfico en la región.

La administración Castro ha defendido la denuncia del tratado como un acto de soberanía y dignidad nacional. Según el canciller Eduardo Enrique Reina, “la presidenta ha tomado una decisión soberana basada en el respeto mutuo y en la no injerencia”. Inmediatamente los voceros del gobierno han saltado a la tribuna pública a defender la decisión, argumentando el respeto a la autodeterminación: antiimperialismo, soberanía, hipocresía norteamericana.

Lo cierto es que Honduras ha sido y es uno de los principales puntos de tránsito de drogas en América Latina, y el tratado de extradición era una herramienta crucial para llevar ante la justicia a los capos del narcotráfico que operan en el país. En conversaciones privadas con el presidente Hernández en la cárcel, tuve la oportunidad de preguntarle si se arrepentía de haber aprobado la extradición durante fue presidente del Congreso Nacional. Él fue contundente al afirmar que no, “el contexto social, la debilidad institucional y la fuerza de los carteles hacía imposible para el estado hondureño perseguir al narcotráfico sin la ayuda de Estados Unidos”, dijo. El tratado de Extradición, con todos los defectos que tiene por falta de una legislación comprensiva, era necesario en 2014 para lograr desmontar los grandes carteles de la droga.

El reciente escándalo desatado en Honduras luego de la captura del juez anticorrupción de jurisdicción nacional, acusado de extorsión demuestra la debilidad del sistema de justicia. Los señalamientos a jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia de “desaparecer expedientes de amigos” acusados de formar parte de las estructuras del narcotráfico deja ver que el país está lejos de contar con las condiciones mínimas para perseguir de manera autónoma ese delito. Sin la posibilidad de extraditar a estos criminales a Estados Unidos, donde enfrentan un sistema judicial más robusto, la lucha contra el narcotráfico en Honduras podría verse seriamente comprometida. La cooperación internacional es esencial para enfrentar un problema tan complejo y transnacional como el tráfico de drogas, y la falta de un acuerdo de extradición podría aislar a Honduras de sus aliados en esta lucha.

Varios congresistas estadounidenses han expresado su preocupación por la decisión de la presidenta Castro. Carlos Giménez, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, calificó la medida como “una bofetada en la cara a los esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico”, la republicana Maria Elvira Salazar publicó algo con un tono todavía más fuerte. Según el exfuncionario de la DEA, Mike Vigil, la denuncia del tratado “envía un mensaje peligroso de que Honduras no está dispuesta a cooperar en la lucha contra el crimen organizado”.

¿Qué cambió, entonces, que llevó a la muerte del tratado? El juicio al expresidente Hernández demostró, que las cortes norteamericanas no necesitan pruebas contundentes (según nuestros estándares legales) para encarcelar a nadie, por los cargos de conspiración para narcotráfico. Bastaron los testimonios de los narcotraficantes que tanto daño causaron antes a Honduras y un par de fotografías con capos de la droga, como las que señaló la embajadora Dogu en esa visita a Caracas, que tanto le sorprendió. 

Tiene razón entonces el gobierno de Honduras de dar por terminado el tratado de extradición, porque Estados Unidos no da garantías a nadie, menos a ellos, de que una vez señalado por el dedo acusador del distrito sur, sean juzgado en condiciones justas.