El 911 anunció que investigará a quienes colocaron pancartas pidiendo la renuncia de la presidenta Xiomara Castro o haciendo referencia al narcoescándalo en el que el hermano del asesor presidencial, Carlos Zelaya, afirmó: “La mitad para el comandante” durante la distribución de fondos que un grupo de narcotraficantes entregaría para la campaña electoral del Partido Libertad y Refundación en 2013.

El gobierno califica oficialmente estos actos como mensajes de odio y promoción del terrorismo hacia funcionarios. El 911 advierte sobre mensajes que incitan al odio y promueven el terrorismo hacia funcionarios y políticos del país. Si bien este es el calificativo oficial y estatal, surge la pregunta: ¿se ha cruzado la delgada línea entre una acción válida de libre expresión y una campaña de odio?

🗣️El 911 advierte sobre mensajes que incitan al odio y promueven el terrorismo hacía funcionarios y políticos del país. Estamos coordinando investigaciones con las autoridades para identificar a los responsables. pic.twitter.com/85XqrhndIt

— 911Honduras (@911Honduras) September 6, 2024

Para entender el análisis de un discurso de odio, es importante señalar que no es fácil de definir y sigue siendo objeto de debate académico. Sin embargo, algunos elementos pueden ayudar a discernir si el mensaje es de odio o simplemente incómodo de escuchar.

1. Intencionalidad: Hasta ahora, lo único que se puede establecer es la necesidad de un grupo de personas que pretendían manifestar su incomodidad con las decisiones del gobierno.
2. Contenido: Incluye la frase “la mitad del comandante” y la solicitud de renuncia a la presidenta, entre otros.
3. Canales de difusión: Pancartas en zonas públicas.
4. Efectividad: Mediática.

Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa, asegura que, aunque estas acciones puedan incomodar al oficialismo, no se trata de un mensaje de odio. Además, sostiene que no se puede considerar a los involucrados como víctimas, ya que actualmente son funcionarios y están bajo la protección del Estado.

Hernández señala: “En años anteriores, los ahora funcionarios promovieron mensajes de este tipo. No se trató de odio; es, hoy como en aquel entonces, una legítima manifestación de la ciudadanía. Al contrario, si hablamos de odio, sería por los mensajes de los funcionarios hacia nosotros al acusarnos de querer provocar un golpe de Estado, si analizamos si hay odio en esos mensajes”.

En agosto de 2020, durante la pandemia de COVID-19, la sociedad civil utilizó la campaña “¿Dónde está el dinero?” para manifestarse contra la corrupción del expresidente Juan Orlando Hernández, ahora convicto en EE. UU.

Hernández agrega que en Honduras las cosas van por mal camino. Este año, el informe del Índice de Chapultepec coloca a Honduras con 36.5 de 100 en la categoría de altamente restrictivo a la libre expresión y prensa. Asegura que cada vez habrá más enfrentamientos, ya que el gobierno parece no escuchar y la ciudadanía necesita expresarse.

Lo ocurrido en el Congreso Nacional es exactamente igual a las mantas; la seguridad no debe considerar una pancarta que solo manifiesta apoyo al tratado de extradición como una amenaza, aunque no les guste escucharla, las personas van a manifestar su inconformidad donde sea y de la manera que sea.

Hernández se refiere al ‘zafarrancho’ entre el diputado suplente de la diputada Iroshka Elvir, José Colindres, y un miembro de la seguridad, quienes entraron en conflicto luego de que Elvir y Colindres intentaran colocar una pancarta en apoyo al tratado de extradición.

El 911 no especifica con qué autoridades llevará a cabo la investigación, aunque se podría intuir que se trataría de acciones penales.