Un 18 % han bajado los índices de homicidios en Honduras desde que entró en vigencia el estado de excepción.

El CONADEH reveló una serie de denuncias recibidas contra los cuerpos de seguridad del país durante el periodo de vigencia del PCM 29-22.

ASJ cuestionó baja ejecución presupuestaria de la DIPAMCO y la baja judicialización de los capturados.

El estado de excepción, que entró en vigencia mediante el PCM 29-22, implementado en un intento por combatir la creciente violencia en el país, ha arrojado resultados mixtos con una notable disminución de la delincuencia. Pero con preocupaciones significativas en relación a los Derechos Humanos y efectividad judicial en Honduras.

Según los datos brindados por la Policía Nacional hasta el 13 de julio de 2023, se observa un descenso del 18 % en la ocurrencia de homicidios en comparación con el mismo período del 2022, lo que equivale a 372 homicidios menos.

Este dato inicialmente parece ser una noticia positiva en la lucha contra la violencia en el país. Sin embargo, algunos sectores señalan con preocupación la violación a Derechos Humanos por parte de las autoridades y la poca efectividad judicial durante el estado de excepción.

A nivel municipal, se destaca que el 27 % de los municipios no ha registrado homicidios, lo que podría interpretarse como un éxito parcial de la medida. 

No obstante, el 78 % de los municipios de Honduras han experimentado de 0 a 5 homicidios, lo que demuestra que la violencia persiste en muchas regiones del país. 

Además, 18 municipios han registrado tasas de homicidio iguales o superiores a la nacional de 2022, lo que sugiere que la efectividad de la medida es variable y que se requieren esfuerzos adicionales para abordar las áreas más afectadas.

Efectos en la extorsión y el crimen organizado

El estado de excepción también ha tenido un impacto en la extorsión y el crimen organizado, áreas donde Honduras ha luchado durante mucho tiempo. 

Se han realizado un total de 5,495 allanamientos, lo que ha llevado a una reducción del 18 % en las denuncias por extorsión. 

Esto indica un progreso en la lucha contra uno de los delitos más dañinos del país. Además, se han desarticulado 176 bandas delictivas y detenido a 1,273 pandilleros por diversos delitos. 

Sin embargo, es importante señalar que 42 de estos pandilleros quedaron en libertad y 72 recibieron medidas sustitutivas.

Impacto en los Derechos Humanos: Voces del CONADEH

Cristian López, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del CONADEH, expresó su preocupación por el impacto del estado de excepción en los derechos humanos. 

López señaló: “La excepcionalidad no debe convertirse en una norma, ya que con la normalización de la misma se está violentando algunos derechos fundamentales” como la libertad personal, la libre asociación, libre circulación, así como “aspectos cruciales del proceso legal cuando una persona es aprehendida y la ejecución de allanamientos sin una orden judicial”.

López reveló que el CONADEH recibió hasta agosto del presente año un total de 284 quejas que tienen relación directa con el estado de excepción. 

Estas quejas abarcan diversas preocupaciones, incluyendo el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del país, allanamientos sin orden judicial, el daño a la propiedad privada y la inquietante presencia de la criminalización de algunas personas sin tener pruebas sólidas.

La Perspectiva de la ASJ

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), reconoció la reducción histórica de homicidios como un avance positivo, pero destacó que Honduras sigue siendo el segundo país más violento de América Latina. 

Además, enfatizó la importancia de evaluar la efectividad de las medidas implementadas, ya que “de 30 acciones que tiene el plan, basado en ocho ejes de acción estratégica, sólo una se había ejecutado, que es el tema presupuestario, se le aumentó más de mil millones de lempiras a la DIPAMCO para tener mayor efectividad”.

Castañeda apuntó que el enfoque de seguridad se ha centrado en las acciones de la policía, pero se ha prestado poca atención a lo que ocurre en el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (CSJ). 

Señaló que de nada sirve que la policía presente un gran número de detenidos si solo un pequeño porcentaje de estos casos se traduce en procesos judiciales efectivos y condenas adecuadas.

También destacó que la violencia persiste con un registro de 18 masacres en 2023. Además, señaló que, en términos de extorsión, las causas ingresadas en los tribunales son significativamente menores que antes.

La situación en Honduras es compleja, y la implementación del estado de excepción bajo el PCM 29-22 ha generado resultados mixtos.

Aunque ha habido una disminución en los homicidios y las denuncias por extorsión, persisten desafíos en materia de derechos humanos y efectividad judicial.

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