El coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Cesar Espinal en el informe se solicita a los miembros de la Junta Proponente la elaboración del Marco Normativo previo.

La Red por la Defensa de la Democracia en Honduras, entregó públicamente la primera etapa de evaluación al proceso de elección del Fiscal General y Adjunto, con una serie de recomendaciones y puntos de mejora, para que pueda ser tomadas en cuenta en un futuro proceso de elección de segundo grado.

Según explicó el coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Cesar Espinal en el informe se solicita a los miembros de la Junta Proponente la elaboración del Marco Normativo previo.

 Lo anterior con el propósito que existan lineamientos claros del accionar de las Juntas Proponentes que cada cinco años elije a las autoridades del Ministerio Público (MP), las que en la actualidad elaboran sus propias reglas al ser conformadas.

“Si existiera este marco normativo, dinamizaría el accionar de los organismos que envían las nóminas al Congreso Nacional para elegir a las nuevas autoridades de las instituciones judiciales” mencionó Espinal.

La veeduría social de las 11 sesiones generales y dos sesiones de entrevistas públicas a los candidatos resalta buenas prácticas como la publicación de documentos técnicos y hojas de vida de los postulantes, así como la creación de una matriz de evaluación general y una matriz de evaluación para los candidatos que llegaron al final del proceso.

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Además, apunta que no se evidenciaron prácticas ni acciones de discriminación o desigualdad durante el proceso y que se permitió la participación de observadores nacionales e internacionales, medios de comunicación y ciudadanía.

No obstante, también se identificaron oportunidades de mejora, como asegurar la publicación sin omisiones de todas las actuaciones de la Junta Proponente, en un plazo razonable, para garantizar la transparencia y publicidad como espina dorsal de todo proceso de selección.

Entre las recomendaciones figura además la obligación de publicar las cartas de compromisos éticos de los miembros de la Junta Proponente o, en su defecto, las razones por las cuales no se firmaron; y publicar todas las resoluciones de expulsión de los candidatos, sin importar la etapa en la que son eliminados.

De igual manera, apunta que la matriz de evaluación debe corresponder a los requerimientos solicitados en el perfil ideal de candidatos y candidatas a fiscal general y adjunto, y que se debe fomentar la participación de profesionales del derecho pertenecientes a grupos históricamente vulnerados.

La veeduría social e incidencia de la RDD al proceso de elección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público para el período 2023-2028 inició en mayo pasado para impulsar la selección de altos funcionarios bajo criterios de ética, idoneidad, estándares de meritocracia y transparencia.