La presidenta Xiomara Castro, durante la inauguración de una planta de energía en San Pedro, Copán, denunció que “se está fraguando” un plan contra su gobierno. Esta acusación surge en el contexto de la renuncia del tratado de extradición con Estados Unidos, que continuará vigente hasta febrero de 2025, a menos que Castro reconsidere su postura.

En la misma línea, el canciller Enrique Reina afirmó desde temprano que esta decisión busca defender a las Fuerzas Armadas y proteger la institucionalidad frente a un posible “golpe de barraca.” La presidenta fue enfática al señalar que no permitirá que se utilice el tratado de extradición para intimidar o chantajear a las Fuerzas Armadas, y subrayó que dicha estrategia solo debilita la institucionalidad del país.

“Lo delicado que eso significa, un ataque que no podemos permitir porque eso debilita la institucionalidad de las Fuerzas Armadas,” advirtió Castro, en una declaración que también reflejó su descontento con la oposición interna, incluso dentro de su propio partido, LIBRE. Algunos diputados han manifestado no comprender la relación entre la renuncia al tratado y la denuncia de injerencia contra la embajadora estadounidense, Laura Dogu.

La decisión de renunciar al tratado ha generado un amplio rechazo en diversos sectores, según un sondeo rápido de ICN y Macrodato. El 91.2% de los 1,464 ciudadanos consultados desaprueban esta medida. Entre las voces disidentes destacan los empresarios, quienes en conferencia de prensa urgieron a la presidenta a rectificar lo antes posible.