Las quejas contra los cuerpos de seguridad del Estado se presentaron en 17 departamentos del país, con mayor énfasis en Francisco Morazán, Cortés, El Paraíso, Valle, Atlántida, Choluteca.

Al menos 286 quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado de Honduras fueron atendidas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en el marco del Estado de excepción decretado por el gobierno, según reporte del Observatorio Nacional de Derechos Humanos.

Desde diciembre del 2022, que entró en vigencia el Estado de excepción hasta septiembre del 2023, el Conadeh atendió 286 quejas, de personas que denunciaron ser víctimas de violaciones a los derechos humanos y responsabilizaron de las acciones violentas a los cuerpos de seguridad encargados de mantener el orden en el país.

Unas 164 quejas fueron interpuestas, ante el Conadeh, contra agentes y oficiales de la Policía Nacional Preventiva (PNP) y la Dirección Policial de Investigación (DPI).

Además, se presentaron 87 quejas contra miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y 34 contra la Policía Militar del Orden Público.

El Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh reveló, en su análisis, las razones por las que fueron interpuestas las denuncias contra los cuerpos de seguridad del Estado.

Entre estas mencionó, el uso desproporcionado de la fuerza al momento de realizar los allanamientos, afectaciones a la integridad personal con la aparente intención de obtener información, la presencia de menores de edad durante los allanamientos y la detención de personas.

Otras de las quejas están relacionadas con la imprecisión de las autoridades al momento de justificar las razones de la detención, actos de violencia por parte de los agentes del orden y utilizar el PCM o el Decreto del Estado de Excepción para justificar las acciones o abusos en contra de la población.

La persona que acude al Conadeh es porque se siente vulnerada en sus derechos fundamentales cuando se ejecutan los allanamientos de morada y se hace un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de seguridad del Estado, explicó la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre.

En el marco del Estado de excepción, uno de los sectores que más ha presentado denuncias, ante el Conadeh, son las mujeres porque, muchas veces, en el momento del allanamiento las sacan sin la ropa adecuada y porque sienten que son víctimas de violencia por las autoridades.

Las denuncias contra los cuerpos de seguridad del Estado se presentaron en 17 departamentos del país, con mayor énfasis en Francisco Morazán (67) quejas, Cortés (31), El Paraíso (27), Valle (27), Atlántida (26), Choluteca (21).

También el CONADEH atendió 12 quejas en Comayagua, Lempira (11), Santa Bárbara (10), Yoro (9), Copán (9), Olancho (9), Intibuca (8), Islas de la Bahía (3), Gracias a Dios (3), La Paz (2) y Colón (2).

Descubrimientos 

En su análisis sobre el Estado de excepción, en vigencia desde diciembre del 2022, el Conadeh considera que aún no se han brindado suficientes razones argumentativas para comprobar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto de la medida.

Uno de los hallazgos más preocupantes es que los elementos con mayor recurrencia continúan siendo los allanamientos sin orden judicial y el uso desproporcionado de la fuerza.

“Es imperativo que se adopte una política integral que ofrezca soluciones duraderas y estructurales a la problemática de la violencia”, recomendó la Defensora del Pueblo.

Hasta ahora, la puesta en marcha del Estado de excepción, desde hace 11 meses, no ha sido suficiente para disminuir delitos como el de la extorsión en el país.

En diciembre del 2022, el gobierno hondureño adoptó el Decreto Ejecutivo PCM-29-2022, por medio del cual se determinó la suspensión de varias garantías constitucionales y se instituyó un Estado de excepción.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas, en sus visitas a Honduras, expresaron su preocupación por la recurrencia a una indeterminada excepcionalidad.

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