El gobierno de El Salvador resolvió a favor de Honduras en la solicitud de extradición contra Fernando Josué Suárez Ramírez, acusado de uso de documentos públicos falsos, malversación de caudales públicos, fraude, prevaricato y lavado de activos. Suárez, capturado en El Salvador en 2022, permanecía en estado de refugiado y pretendía llegar al Reino de España luego de que este le concediera la condición de asilo.

#LOMÁSRECIENTE🚨| El Salvador aprobó la extradición de Fernando Josué Suárez Ramírez a Honduras.

Suárez está acusado de falsificación de documentos, malversación, fraude, prevaricato y lavado de activos. Interpol está coordinando su traslado. @hegusave pic.twitter.com/3ky9CEHvCV

— ICN.Digital (@ICNDigital) July 22, 2024

Suárez, pieza clave en el caso de la extinta Misión de Apoyo y Lucha Contra la Corrupción (MACCIH), llegó a un acuerdo de colaboración con la fiscalía en 2018 y 2024, luego de la presentación del caso Pandora I y II. Suárez se convirtió en un testigo crucial en la investigación del desvío de 282 millones de lempiras destinados a financiar campañas políticas de los partidos Liberal, Nacional y del Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER).

El caso Pandora I, presentado por el Ministerio Público hace casi seis años, involucró a 38 políticos, empresarios, exfuncionarios y particulares por el saqueo de casi 12 millones de dólares de las arcas del Estado. Sin embargo, el Poder Judicial mantiene engavetada la resolución de un recurso de amparo que bloquea el fallo contra los únicos tres imputados llevados a juicio: Jacobo Regalado Weizemblut, extitular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería; Norma Keffy Montes Chandías, gerente administrativa de la misma Secretaría; y Laura Aidée Arita Palma, contadora de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras.

El 11 de marzo de 2021, defensores de derechos humanos presentaron un recurso de amparo en representación de varias organizaciones campesinas. Aunque aceptado en abril de 2023, el recurso expone que miles de campesinos hondureños fueron víctimas del saqueo de 282 millones de lempiras, y que el sobreseimiento de 22 de los 38 acusados viola sus derechos y normas constitucionales.