La figura de las comisiones interventoras nace en 1986, con la aprobación de la Ley General de Administración Pública, durante el gobierno del presidente José Simón Azcona. No obstante, es durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas que esta figura alcanza una relevancia particular, ya que es una comisión ad hoc la que lidera el proceso de trasladar a la Policía Nacional al ámbito de lo civil y de dar paso a la creación del Ministerio Público. 

En la década de los 2000, las comisiones de notables abordaron principalmente temas de energía, tanto en el gobierno de Ricardo Maduro como en la administración de Manuel Zelaya, quien ordenó la intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para mejorar su gestión y evitar la quiebra de la estatal eléctrica. 

Durante la administración de Porfirio Lobo, a inicios de la década de los 2010, las interventoras de mayor relevancia fueron la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, nombrada tras el asesinato a manos de agentes policiales el 22 de octubre del 2011 de los jóvenes Carlos Pineda y Rafael Vargas, hijo de la entonces rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, y la comisión interventora del Ministerio Público, nombrada para abordar una enorme mora judicial y para establecer nuevos mecanismos de elección de las autoridades de la institución.

“Durante este siglo XXI es prácticamente donde se empiezan a crear este tipo de comisiones o comités interventores a diversas instituciones del Estado,” asegura Rolando Sierra, Director de FLACSO Honduras. “Ha sido un mecanismo para tratar de resolver situaciones, ya sea crisis críticas o deficitarias en algunas instituciones; no obstante, esto lo que refleja es la necesidad que desde hace mucho tiempo se tiene en Honduras de una reforma profunda del Estado.”

Con la llegada de Juan Orlando Hernández al poder, se inicia una reestructuración de las instituciones del Estado, que incluyó nuevas denominaciones de varios órganos, la fusión de diversos ministerios y degradó instituciones como la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes a direcciones adscritas a la presidencia. No obstante, la reestructuración no fue suficiente para eficientar la gestión estatal, y nuevamente se recurrió a la intervención como herramienta habitual para solventar las crisis institucionales.

Hernández nombró aproximadamente unas 17 comisiones interventoras en espacio de ocho años de gobierno, lo que deja en evidencia el uso reiterado de esta figura, que no está exenta de críticas. Dentro de las comisiones más conocidas en esta administración se encuentran la junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), con más de seis años de duración, y la comisión depuradora de la Policía Nacional. 

“La ley es sabia. Las comisiones interventoras se crean para solucionar problemas específicos y no para operar de forma indefinida las instituciones. Si bien en su generalidad todas tienen una fecha de inicio y una fecha de terminación en el decreto que las crea, esos tiempos se deberían monitorear,” puntualiza Gustavo Boquín, ex comisionado interventor de INVEST-H. 

Comisiones interventoras actuales

A pesar del replanteamiento organizacional de varias instituciones del Estado, publicado en el PCM 05-2022, y de una postura crítica sobre las intervenciones durante los gobiernos anteriores, la presidenta Xiomara Castro nombró en menos de tres meses cuatro comisiones interventoras: una para intervenir la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI – PCM 07-2023); otra para intervenir la Dirección General de Servicio Civil, que se vio en una controversia cuando autodenominados colectivos del Partido Libertad y Refundación irrumpieron en las oficinas de la Secretaría de la Presidencia exigiendo plazas (PCM 08-2023); una más para intervenir el Sistema Nacional de Emergencia 911, al estallar la crisis cuando las cámaras y el servicio telefónico de urgencias dejaron de funcionar (PCM 11-2023); y, finalmente, una comisión interventora del Sistema Nacional Penitenciario (PCM 16-2023), disuelta tras la masacre de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) el 20 de junio de 2023. 

La primera de estas comisiones interventoras fue nombrada el 9 de febrero de este año; la última, el 24 de abril. ¿Qué ha pasado con estas intervenciones desde entonces hasta la actualidad?

Comisión interventora de la OABI

La comisión interventora de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) fue la primera en ser nombrada por la presidenta Castro. El Subsecretario de Estado en los despachos de Seguridad, Hugo Suazo, Roger Mendoza y Rigoberto Portillo fueron los encargados de su gestión.

Según el PCM 07-2023, la comisión interventora de la OABI está nombrada por espacio de un año y tiene como una de sus obligaciones brindar un informe preliminar en noventa (90) días hábiles (artículo 5). ICN Digital solicitó este informe preliminar mediante la solicitud No. SOL-OABI-175-2023, y recibió la siguiente respuesta: “La Comisión Interventora de la OABI manifiesta que: (…) está a la espera de establecer una fecha para sostener una audiencia con la Señora Presidenta Xiomara Castro de Zelaya con el objetivo de hacer la presentación del informe solicitado (…). Cabe mencionar que dicho informe ya está elaborado (…).” 

Esta semana, Suazo ha sido mencionado por medios de comunicación como responsable de la venta de un complejo hotelero en Roatán sin tomar en consideración a los comisionados adjuntos. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública anunció una investigación sobre esta transacción. 

Llama la atención que la presidenta Castro no haya podido recibir el informe de esta comisión interventora por espacio de más de tres meses de la fecha en que debía presentarse (el informe estaba previsto para ser entregado el 9 de mayo del 2023). ICN Digital intentó contactar al Subsecretario Hugo Suazo pero no recibió respuesta. 

Comisión interventora de la Dirección General de Servicio Civil

La segunda interventora que nombró la presidenta Castro fue la comisión para intervenir la Dirección General de Servicio Civil, adscrita a la Secretaría de la Presidencia. Castro destituyó a Leonardo Bú y Miroslava Cerpas de la dirección y nombró a Sergio Coello, Amable de Jesús Hernández -quien además ostenta la titularidad de INJUPEMP y la alcaldía del municipio de San José de Colinas- y Lenni Ordóñez. 

El PCM 08-2023 establece que la duración de esta comisión es de seis meses, que se cumplieron el 9 de agosto de 2023. En conferencia de prensa el 23 de agosto, el comisionado Amable de Jesús Hernández anunció que el trabajo de la interventora seguiría vigente hasta el 9 de septiembre, pese a que la presidenta Castro no emitió comunicación al respecto del tema, ni se publicó dicha ampliación en vía decreto ejecutivo en el Diario Oficial La Gaceta. En el informe preliminar entregado por la comisión a la presidencia, se informó de la continuación de un proceso de aumento salarial por L. 1,200 lempiras a todos los servidores públicos. Hernández también anunció que la dirección está en un proceso de transición que implica la liquidación parcial del personal, para convertirse en un órgano desconcentrado llamado Administración Nacional de Servicio Civil.

ICN Digital contactó a Sergio Coello, quien hasta hace unos meses figuraba como presidente de la comisión, pero Coello afirmó que ya no estaba al frente de la interventora. Al contactar a Lenni Ordóñez, la comisionada manifestó a ICN Digital que sólo le era posible dar declaraciones en presencia de sus otros compañeros. Se desconoce quién ha reemplazado a Sergio Coello en la interventora. 

Comisión interventora del Sistema Nacional de Emergencias 911

La tercera interventora nombrada por la presidenta Castro fue la comisión para intervenir el Sistema Nacional de Emergencias 911. El abogado Roberto Reina la presidió hasta julio del 2023, cuando Castro nombró a Miroslava Cerpas, la destituida subdirectora de la Dirección General de Servicio Civil, como presidenta de la comisión. La interventora está integrada también por Gerardo Hernández y Gosset Moncada, quien en 2021 formaba parte del Comité Técnico de Evaluación del Consejo Nacional Electoral. 

La comisión interventora del 911, que según el PCM 11-2023 tiene una duración de un año, se ha visto envuelta en varias polémicas. Desde graves problemas para regularizar la situación laboral de los empleados de esta dependencia hasta escándalos por el alquiler de vehículos por más de L.400,000.00, la comisión no ha logrado trabajar de manera uniforme para ordenar la labor del Sistema Nacional de Emergencia. El pasado martes 8 de agosto, Cerpas ordenó la expulsión de integrantes de la prensa nacional que cubrían la inspección y decomiso de documentos en la institución por parte de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco).

Una de las diferencias clave entre esta comisión interventora y las demás es que el decreto de su creación la autoriza a realizar contrataciones directas.

Medios de comunicación reportaron que Roberto Reina habría tenido fuertes diferencias con altos funcionarios del gobierno. ICN Digital se contactó con Reina, quien manifestó que no fue capaz de desarrollar las acciones proyectadas por presiones externas. De igual manera, ICN Digital solicitó el informe preliminar de resultados que la comisión tendría que haber presentado a la presidenta Castro el 28 de mayo del presente año mediante la solicitud SOL-SNE-216-2023. La respuesta de la oficina de transparencia fue: “el informe solicitado preliminar de los 90 días no ha sido finalizado, en vista que la comisionada presidente de la junta interventora fue nombrada el 29 de junio de 2023.” En otras palabras, los comisionados interventores no realizaron informe preliminar en el plazo establecido por el decreto ejecutivo de su creación.

Comisión interventora del Sistema Nacional Penitenciario

La cuarta comisión nombrada por la presidenta Xiomara Castro fue la interventora del Sistema Nacional Penitenciario, encabezada por la Subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva. Los comisionados adjuntos eran Sandra Rodríguez y Mario Chinchilla. De acuerdo al PCM 16-2023, la comisión estaba prevista para desarrollar sus funciones por un año, pero fue disuelta el 21 de junio, un día después de la masacre acaecida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y 59 días después de su entrada en funciones. 

ICN Digital solicitó los informes preliminares y finales al Instituto Nacional Penitenciario mediante solicitud SOL-INP-315-2023, pero la oficina de transparencia del Instituto Nacional Penitenciario se ha negado a referir la información solicitada, limitándose a remitir a los informes anuales colocados en el Portal Único de Transparencia de esta institución.

Es importante mencionar que los decretos ejecutivos que dan lugar a la creación de estas comisiones les permiten solicitar fondos a la Secretaría de Finanzas para “atender gastos ineludibles para el cumplimiento de las facultades otorgadas a la comisión.” No obstante, al ser consultadas por ICN Digital a través de solicitudes de acceso a la información pública, todas las comisiones -a excepción de la interventora del Sistema Nacional Penitenciario- enviaron documentos certificando que no se hicieron solicitudes de recursos. En el caso de la comisión interventora de la Dirección General de Servicio Civil, la respuesta además establece que “todo el personal a cargo de la Comisión Interventora está trabajando AD HONÓREM.” 

Asimismo, los decretos ejecutivos que dan creación a estas comisiones interventoras, así como el artículo 99 de la Ley General de Administración Pública, establece que el Tribunal Superior de Cuentas debe brindar asesoría a las mismas. No obstante, al solicitar al Tribunal Superior de Cuentas los informes de estas asesorías, la respuesta recibida el 30 de agosto por la oficina de transparencia fue la siguiente: “(…) a la fecha, el Tribunal Superior de Cuentas no ha brindado ningún tipo de asesoría a dichas Comisiones Interventoras”.

Irregularidades en el funcionamiento de las comisiones interventoras

Uno de los problemas más graves de cómo funcionan las comisiones interventoras es que, aunque en muchos casos son nombradas para eficientar las operaciones de las instituciones del Estado, en muchos casos terminan siendo organizaciones igualmente opacas, puesto que muchas tienen facultades para hacer compras de emergencia y contrataciones directas sin una veeduría adecuada. 

“En la historia del Estado hondureño hay un problema real de eficiencia y eficacia. Si bien en muchas instituciones hay recursos suficientes, vemos que no hay eficiencia y eficacia en la utilización de estos recursos.  Hay que tomar en cuenta aquí el tema de la transparencia requerida en la gestión estatal,” apunta Rolando Sierra. 

Parte de ese aspecto de opacidad se traduce también al ámbito de las comunicaciones. No se da un seguimiento público del trabajo que ejecutan estas comisiones interventoras, ni se comunican los resultados obtenidos en las instituciones intervenidas. Por lo general, existe un ambiente de hermetismo de parte de quienes integran estos órganos, y cuando existen mensajes de parte de los comisionados, éstos responden más a una búsqueda de protagonismo que a una motivación de compartir información de importancia con la población. 

“Siempre hemos tenido comisiones que han dado mejores resultados que la administración anterior. No satanicemos el tema de las de las de las comisiones, sino que regulémoslas mejor y pidámosles una rendición de cuentas más periódica,” subraya Gustavo Boquín.

Por otro lado, la idoneidad de las personas que integran las comisiones interventoras es sujeto de cuestionamientos, ya que esta figura debería responder a criterios eminentemente técnicos en lugar de a preferencias políticas. No obstante, muchos interventores no tienen ni la formación profesional, ni la experiencia laboral que les faculte para emprender proyectos de esta envergadura. 

“No podemos poner a un médico a que administre el tema de carreteras y no podemos poner a un ingeniero civil a que administre el tema médico”, asegura Boquín. “Nosotros como gobierno debemos partir la administración pública en dos pedazos: los puestos de confianza que deben cambiar con cada gobierno, porque es lógico que cada administración quiera tener su personal de confianza, y por el otro lado, el personal técnico de carrera que debe hacer una carrera, debe entrenarse a lo largo del tiempo y debe durar 30 años, 25 años de carrera y no cambiar con cada gobierno. La memoria institucional se pierde cada cuatro años.”

Si bien la figura de las comisiones interventoras es un instrumento legal válido que podría tener aplicaciones de importancia en la administración pública, el abuso de esta figura es signo de un problema más profundo en la gestión de los órganos del Estado. Hasta que no se plantee realizar una reforma que profesionalice el servicio civil y convierta a la administración del Estado en un fin más allá de la repartición clientelar de plazas y acuerdos, las intervenciones seguirán utilizándose sin brindar soluciones permanentes que hagan más eficiente al Estado, sin hacer una verdadera rendición de cuentas y sin ofrecer más resultados que su mera existencia.

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