La defensa afirma que actualmente operan en desventaja en el proceso debido a la autoridad y recursos del Gobierno de Estados Unidos, y menciona retrasos y negativas de la fiscalía para cumplir con sus obligaciones de descubrimiento.

Hoy se dio a conocer una carta enviada a la Corte del Distrito Sur de New York, por el abogado Raymond Colon, del equipo de defensa del señor Juan Orlando Hernandez, el pasado 25 de octubre. El texto es una carta formal enviada por la defensa de JOH, que sigue un proceso por narcotráfico, al Juez Kevin Castell, solicitando una orden judicial para obligar al gobierno de los Estados Unidos a producir todos los descubrimientos relevantes y críticos en relación con la demanda de descubrimiento suplementario del acusado, presentada el 29 de mayo de 2023. La carta argumenta que el Gobierno de Estados Unidos se ha negado a cumplir con esta solicitud y ha retrasado su respuesta durante 130 días. Se menciona que la defensa ya había presentado una moción para obtener evidencia suplementaria según la Regla 16, y ahora presenta esta moción basada en la necesidad de que el gobierno cumpla con sus obligaciones.

La defensa certifica en esta carta que presentó la Demanda de Descubrimiento Suplementario el pasado 29 de mayo de 2023. Y en una conversación telefónica, afirma que a mediados del verano de 2023, el Gobierno de Estados Unidos se negó a responder a la solicitud y en su lugar proporcionó una lista de lo que ellos habían producido hasta ese momento. La defensa argumenta que nada en la producción del gobierno responde a lo que se ha solicitado.

La carta detalla extensamente las Reglas Federales de Procedimiento Penal, en particular la Regla 37, que rige las mociones para una orden que obligue al descubrimiento. Además, se discuten casos legales relevantes y se argumenta sobre la importancia del proceso de descubrimiento en casos penales federales. 

En la carta, se hacen referencias a varios antecedentes legales y reglas específicas para fortalecer el argumento de la defensa. Estos incluyen:

1. Reglas Federales de Procedimiento Penal, especialmente la Regla 37. Se menciona detalladamente para argumentar sobre el derecho y el procedimiento para solicitar una orden que obligue al descubrimiento. Esta regla aborda cómo manejar las situaciones en las que una parte falla en hacer divulgaciones o cooperar en el descubrimiento, y cómo se pueden imponer sanciones.

2. Casos Judiciales y Decisiones Relevantes: Se citan varios casos para apoyar los argumentos legales. Estos casos proporcionan precedentes y ejemplos de cómo se han manejado situaciones similares en el pasado. Entre los casos mencionados se encuentran:

Syntel Sterling Best Shores Mauritius Ltd. v. TriZetto Grp. Inc. (2018): Este caso puede ser relevante en cuanto a la discreción de los tribunales para determinar el alcance del descubrimiento y manejar el proceso de descubrimiento. En la carta, se busca obligar al Gobierno a proporcionar ciertos descubrimientos, y este caso podría demostrar cómo los tribunales han manejado solicitudes similares en el pasado.

EM Ltd. v. Republic of Argentina (2012): Este caso se refiere a la amplia discreción judicial en el manejo del descubrimiento. El caso es citado para mostrar que los tribunales tienen un margen considerable para decidir sobre asuntos de descubrimiento, lo que sería relevante en el contexto de la moción para compeler el descubrimiento.

Christine Asia Co. v. Alibaba Group Holding Ltd. (2018): En este caso, se destaca la discreción del tribunal en relación con las mociones para compeler el descubrimiento bajo la Regla 37. Esto es directamente relevante para la moción presentada en este caso, ya que la defensa busca una orden para compeler el descubrimiento.

Helt v. Metropolitan District Commission (1986): Se aborda el tema de si el descubrimiento buscado podría conducir a “evidencia admisible” según la Regla 26(b). Este principio es fundamental en el caso del Juez Castell, ya que la defensa argumenta la necesidad del descubrimiento para desarrollar su estrategia de defensa.

Mason Tenders District Council of Greater N.Y. v. Phase Construction Services, Inc. (2016): Este caso trata sobre la producción de documentos y la declaración de una parte de que ciertos elementos simplemente no existen o no están bajo su control. Puede ser relevante en situaciones donde una de las partes en el litigio argumenta que no puede producir ciertos documentos o información.

Spizz v. Eluz (In re Ampal-American Israel Corp.) (2019): Este caso es utilizado para ilustrar situaciones en las que se deniega una moción para compeler el descubrimiento porque el material solicitado puede obtenerse de otras fuentes sin necesidad de una producción forzada.

Trustees of the Sickness & Accident Fund v. Philips Winson. Ins. (2000): Este caso es citado para mostrar cómo un tribunal puede determinar que ciertas solicitudes de descubrimiento son relevantes y pueden llevar a evidencia admisible, fortaleciendo así el argumento de la defensa para que se conceda la moción para compeler.

Brady v. Maryland y sus Progenies: Se discute la obligación del gobierno de divulgar al acusado toda evidencia que favorezca su caso. La carta menciona cómo esta obligación a menudo se descuida y los esfuerzos legislativos recientes para reforzarla, como la Ley de Protecciones del Debido Proceso (Due Process Protections Act).

Se hacen, además, referencias  en la carta, a la Regla 26 y otras para explicar los deberes relacionados con la divulgación y el descubrimiento.

La defensa afirma que actualmente operan en desventaja en el proceso debido a la autoridad y recursos del Gobierno de Estados Unidos, y menciona retrasos y negativas de la fiscalía para cumplir con sus obligaciones de descubrimiento. La carta subraya la importancia de que el Gobierno cumpla con su obligación constitucional de producir información favorable al acusado.

Finalmente, la defensa solicita que se obligue al Gobierno a divulgar todos los materiales de descubrimiento solicitados en la demanda suplementaria del 29 de mayo de 2023, detallando los tipos específicos de información y documentos requeridos para la defensa del acusado. La carta concluye con una petición formal para que se otorgue esta solicitud.