La jueza sostiene que las denuncias presentadas, junto con otros factores, habrían contribuido a su destitución de su cargo

La jueza Karla Lizeth Romero Dávila, quien tomó juramento a la presidenta Xiomara Castro el 27 de enero de 2023, ha sido destituida de su cargo como jueza del tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa.

Su destitución se basa en lo establecido en el artículo 64, literales a) y d), de la Ley de la Carrera Judicial, que enumera las causales de despido.

De acuerdo con esta ley, la jueza Romero fue cesada debido a dos razones principales. En primer lugar, por haber incurrido en el “Incumplimiento o violación grave o reiterado de alguno de los deberes, incompatibilidades y conductas establecidas en los Capítulos X y XI de esta Ley”.

Esto implica que su comportamiento o acciones no estuvieron en consonancia con las expectativas y responsabilidades que la ley establece para los funcionarios y empleados judiciales.

Además, la jueza Romero fue destituida por “dejar de asistir al trabajo sin permiso y sin causa justificada, durante dos días hábiles completos y consecutivos; o durante tres días hábiles en el término de un mes; cerrar sin motivo legal, o limitar indebidamente las horas de trabajo o de atención al público. Las ausencias por días no completos podrán sumarse para completar los períodos anteriores”.

La Ley de la Carrera Judicial, en su artículo 10, establece las pautas de conducta y responsabilidades que deben seguir los funcionarios y empleados judiciales, así como las restricciones en cuanto a su participación en actividades políticas y comerciales.

Por otro lado, el artículo 11 de la misma ley define las expectativas de comportamiento y desempeño que deben mantener los funcionarios y empleados judiciales, así como las acciones que se consideran perjudiciales para la dignidad y eficacia del sistema de justicia.

Cabe señalar que la jueza Karla Romero presentó un recurso de reposición en contra de la Ley de Amnistía Política en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 28 de marzo de 2022. En este recurso argumentaba que la ley era inconstitucional. Sin embargo, el recurso fue resuelto más de un año después, siendo declarado sin lugar.

Además, a principios de este año, la abogada Romero denunció al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por supuestas amenazas. La jueza sostiene que estos eventos, junto con otros factores, habrían contribuido a su destitución de su cargo.