Washington D. C..- El expresidente de EE. UU., Donald Trump, ha presentado una demanda por $100 millones contra el Departamento de Justicia.

La acción legal, interpuesta bajo la Ley Federal de Demandas por Agravio (FTCA), sostiene que la redada y el registro llevados a cabo en 2022 en su residencia de Mar-a-Lago, con el objetivo de confiscar documentos clasificados que él había retenido, son inconstitucionales y buscan dañar su reputación. La demanda alega que la redada fue un acto de «persecución política» contra Trump, quien fue acusado de retención ilegal de documentos confidenciales de la Casa Blanca.

Desestimación del caso y apelación en curso

La demanda fue desestimada el 15 de julio por la jueza de Florida Aileen Cannon, quien fue nominada por Trump durante su presidencia. Cannon argumentó que el fiscal especial a cargo de la investigación, Jack Smith, no fue designado legalmente, lo que, según ella, «viola la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos». Trump está apelando esta decisión.

Detalles de la demanda

La querella de Trump se centra en el registro realizado por el FBI en Mar-a-Lago en agosto de 2022. Este registro fue parte de una investigación federal sobre la retención indebida de documentos clasificados por parte del expresidente. Posteriormente, Jack Smith fue designado como fiscal especial y presentó 37 cargos criminales contra Trump, relacionados con el manejo de materiales clasificados después de dejar la Casa Blanca. Los cargos incluyen retención deliberada de información de defensa nacional, conspiración para obstruir la justicia y declaraciones falsas, todos los cuales Trump ha declarado como «no culpable».

Posición del Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia tiene un plazo de 180 días a partir de la recepción de la notificación para responder y llegar a una resolución. Según el abogado de Trump, Epstein, “Lo que el presidente Trump está haciendo aquí no es solo defenderse a sí mismo, sino que está defendiendo a todos los estadounidenses que creen en el Estado de Derecho y que se debe exigir cuentas al Gobierno cuando nos hace daño”.

La demanda alega que los actos ilícitos contra Trump tienen su raíz en un procesamiento malicioso y abuso del proceso, resultantes de la redada del 8 de agosto de 2022 en Mar-a-Lago. La demanda califica estos actos como «conducta tortuosa» por parte del gobierno de EE. UU. contra el expresidente y su familia.