El oficialismo buscó desde un inicio desconocer este fallo, argumentando que fue emitido por la Corte Constitucional del gobierno anterior que califican, sin ningún respaldo jurídico, de ilegítima.

El Congreso Nacional de Honduras nos ha metido en una encrucijada sin precedentes. Contamos ahora —en apariencia— con “dos Congresos” que se disputan no solo la legalidad de sus acciones sino el futuro de la institucionalidad del país. La crisis política que comenzó a desencadenarse a partir del 1 de septiembre, cuando fue imposible llegar a un consenso entre las bancadas para alcanzar los 85 votos necesarios para elegir al Fiscal General y Fiscal Adjunto, que fue consecuencia directa de la imposición por la fuerza, 20 meses antes, de una Junta Directiva sin los canales tradicionales que permitan el diálogo entre las bancadas, hoy ha hecho crecer la crisis a niveles inéditos y debe alarmarnos. Estamos a la puerta de una crisis constitucional que puede descalabrar toda la institucionalidad del país, un extremo en donde nadie saldrá ganando.

Desde el pasado 1 de septiembre el Congreso dejó de sesionar. Hubo un par de “intentos” de llamar a sesión que fracasaron al no alcanzar ninguna de las dos posturas el número necesario para imponer su voluntad y elegir al Fiscal General y Adjunto. Más que intentos fueron pantomimas pues nunca se quiso realmente negociar nada. Hay que reconocer qué es la Junta directiva, presidida por Luis Redondo, la que cuenta con la facultad para convocar a sesiones ordinarias y es este grupo de diputados quienes son responsables de la parálisis legislativa que sumó ayer los dos meses. Nunca hubo ningún esfuerzo por lograr consensos porque lo que siempre se quiso fue lo que pasó anoche, el Golpe técnico del 31 de octubre.

La Junta Directiva del Congreso Nacional compuesta en su mayoría por diputados del Partido Libre decidieron, hace meses, que la estrategia sería dilatar la parálisis legislativa para clausurar el período y llamar así a una Comisión Permanente, y elegir desde allí los cargos faltantes de manera “interina”. Lejos de buscar los consensos y alcanzar la mayoría calificada, la estrategia del oficialismo fue reducir el número de diputados necesarios a nueve, que son quienes componen hoy la comisión infame.

Se amparan en el Artículo 208 de la Constitución de la República, que habla de las atribuciones de la Comisión Permanente (del Congreso Nacional) e indica en su numeral 11: “Elegir interinamente en caso de falta absoluta los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional”. Eso es, el Fiscal General y el Fiscal Adjunto, entre otros cargos que la falta de canales de consenso hizo imposible su nombramiento.

La decisión de convocar a esta comisión se basa en la idea de qué, la incapacidad de la Junta Directiva y la soberbia de su presidente, Luis Redondo, constituye una circunstancia especial, que los obliga ahora a usurpar las funciones del pleno. De allí el empeño del oficialismo de determinar que el cargo de Fiscal General de la República está vacante desde el 1 de septiembre, pese a que una sentencia unánime de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 2017 respaldó a Daniel Sibrián Bueso, entonces fiscal general adjunto, para liderar el Ministerio Público. Esto lo ampara un recurso contra el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional interpuesto en 2016, por los diputados Jary Dixon Herrera y Jorge Cálix, que fue desestimado de forma unánime por la sala dejando vigente que “los funcionarios electos por el Congreso Nacional continuarán en funciones hasta que se designen sus reemplazos.”

El oficialismo buscó desde un inicio desconocer este fallo, argumentando que fue emitido por la Corte Constitucional del gobierno anterior que califican, sin ningún respaldo jurídico, de ilegítima. Queda entonces la discusión de si existe o no una “falta absoluta” de Fiscal General, como exige el numeral 11 del artículo 208 o si lo que hoy vemos es, en efecto, un Golpe Técnico de la Junta Directiva (no el Congreso Nacional) destituyendo a un Fiscal General legalmente en funciones, para sustituirlo con uno acorde al proyecto político del partido Libre.

Por otro lado, la oposición, en un esfuerzo por contrarrestar las acciones de la Junta Directiva, convocó a una sesión ordinaria con el objetivo de extender el periodo ordinario de sesiones que vencía el 31 de octubre. Esta maniobra se diseñó para evitar que se conforme la Comisión Permanente, dominada por el partido en el poder, que tomará decisiones unilaterales favorables a sus intereses. La oposición argumenta que solo a través de sesiones ordinarias, donde todos los diputados tienen voz y voto, se pueden tomar decisiones equitativas y representativas.

Luego de un enfrentamiento en la entrada del Congreso Nacional, al final de la tarde, el Partido Liberal se sumó a la auto convocatoria y extendieron el período ordinario hasta el 24 de enero de 2024. Acá es importante resaltar que la razón por la cual se dilató tanto esta auto convocatoria, pese a venirse discutiendo desde hace semanas en el espacio público, fue la negativa del Partido Liberal a sumarse. Los dos partidos de oposición, Partido Nacional y Partido Salvador de Honduras, no podían hacer la sesión ordinaria solos, necesitaban de la participación liberal para dar cierto aire de legitimidad. El Partido Liberal permitió entonces, con su dilación y participación tardía, que ambas acciones se lograran, la sesión ordinaria convocada por la oposición y la reunión de la elección de la Comisión Permanente.

Pero el carácter simbólico de esta sesión ordinaria, que si bien contó con los votos de 74 diputados, es insuficiente para detener las acciones de la Junta Directiva, pues todo lo aprobado por el Congreso Nacional debe ser publicado en el diario oficial La Gaceta y este está bajo el control del Poder Ejecutivo.

Conocemos bien que la estrategia de una Comisión Permanente cuenta con el apoyo del Partido de Gobierno y este publicará únicamente lo a ellos le convenga. Así pues, lo que veremos a partir de hoy, será una comisión de nueve diputados del oficialismo usurpando funciones de un Congreso Nacional de 128 diputados, destituyendo a funcionarios a voluntad, extendiendo la crisis interna a las instituciones del país. No habrán dos congresos nacionales funcionando en paralelo. En la práctica habrá una comisión de nueve diputados usurpando un poder del estado.

Más aún, la Juntad Directiva ha convocado a sesión extraordinaria para el día de mañana, 2 de noviembre. Ese mismo día está convocada la sesión ordinaria según se dispuso en la sesión ordinaria de ayer donde solo participó la oposición. Ambas sesiones desconocen la otra. Pero el diputado Luis Redondo ha manifestado en los medios de comunicación que buscará la destitución de los diputados que no participen en la sesión extraordinaria.

En la Comisión Permanente se ha incluido, además de los diputados oficialistas del ala más radical, a dos diputadas de la oposición, Fátima Mena e Iroshka Elvir, que fueron las que convocaron a la sesión ordinaria de anoche. El diputado Luis Redondo ha amenazado además con despojarlas de sus puestos si se rehusan a participar en esa estructura ilegítima.

Queda aún dos cosas más a las que poner atención: La Corte Constitucional debe aún fallar si el fallo anterior de 2017 respalda o no a Daniel Sibrián Bueso, si es así, el requisito de la falta absoluta no se cumple y la Comisión estaría en efecto destituyendo de manera fraudulenta al Fiscal General. Y ver qué pasa con la elección de una nueva Junta Directiva del Congreso Nacional, que debe darse el próximo 25 de enero y podrá reemplazar a todos los cargos menos a Luis Redondo, que por como va la cosa tampoco creo que suceda.

Óscar Estrada

1 de noviembre de 2023