Por lo menos 80 pronunciamientos reflejan el rechazo de los hondureños a la construcción de una cárcel en las Islas del Cisne. Diversas organizaciones, que incluyen biólogos, docentes, abogados y ambientalistas, defienden esta zona como una reserva natural. “En ese sector se ubica ‘Rosalinda’, el banco de peces más grande del continente americano, que sirve de fuente de empleo para residentes de zonas aledañas”, enfatizan.

La Asociación para una Sociedad más Justa dio a conocer estos datos y destacó la contradicción entre decretar un estado de emergencia ambiental y ordenar un proyecto dañino en una de las zonas naturales más preciadas. “Las Islas del Cisne fueron declaradas como zona turística en 1989, zona de reserva ecológica en 1989 y parque nacional marino en 1992”, pero el gobierno no reconoce esta categoría.

Los miembros de las organizaciones ambientales aseguran que no se oponen a un plan de seguridad, pero abogan porque el proyecto, con un costo estimado de 1,900 millones de lempiras, se gestione en un área con menor impacto ambiental. “La construcción de la cárcel contraviene la legislación ambiental y los compromisos internacionales asumidos por Honduras”, advierten los profesionales.

Además, “la infraestructura requerida en las Islas del Cisne, que carece de servicios básicos, incrementará significativamente los costos de construcción, operación y mantenimiento”, lo que afectará negativamente la economía nacional. La comunidad exige al gobierno reconsiderar este proyecto y priorizar la protección del medio ambiente.