263 operadores de justicia,entre policías, militares, jueces y fiscales del Ministerio Público, enfrentan riesgos o de desplazamiento forzado en Honduras. Estas cifras se basan en las quejas atendidas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) entre 2016 y mayo de 2024.

Los principales agresores o responsables son personas que laboran como operadores de justicia.

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Entre las víctimas se encuentran policías, militares, jueces y fiscales que acudieron al CONADEH para interponer sus quejas. En un alto porcentaje, estas quejas son contra estructuras criminales. Reyes mencionó que el número de quejas de operadores de justicia aumenta cada año, registrándose 66 en 2023, superior a las 46 del 2022.

Las personas denunciaron allanamientos constantes en sus viviendas y hostigamiento que les generó temor y la decisión de desplazarse.

Estos hechos ocurrieron principalmente en el Distrito Central, Francisco Morazán, y San Pedro Sula, en el departamento de Cortés. El desplazamiento forzado por violencia es una violación de derechos humanos en crecimiento en Honduras, reconocido por el Estado desde 2013. Según las quejas atendidas, las personas con mayor riesgo y víctimas de desplazamiento forzado son comerciantes, amas de casa, taxistas, buseros, docentes, abogados, periodistas, policías y militares.

Muchos son víctimas de extorsión en sus negocios, y en el caso de las amas de casa, las acciones están vinculadas con el reclutamiento de niños y adolescentes por estructuras criminales. Reyes explicó que, muchas veces, la causa es la extorsión, pero el impacto es que la gente tenga que huir de sus comunidades, convirtiéndose en víctimas de desplazamiento forzado. Es crucial que la población no invisibilice estos actos de violencia.

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