EEUU a través de la Corte del Distrito Sur de Florida pidió la extradición de Francisco Cosenza por tres cargos.

El ex administrador de la Tasa de Seguridad, Francisco Cosenza, declaró en las últimas horas que se presentará directamente ante los tribunales de justicia de los Estados Unidos, al conocer de su pedido en extradición por delitos que asegura no cometió.

Cosenza dijo que está abierto a una investigación, pero no en Honduras, sino que en Estados Unido, por lo que anunció que “me voy a presentar antes las autoridades, de las distintas formas que puede ser, prefiero presentarme ante autoridades de Estados Unidos que a las del país por mi condición de salud”.

Reveló que sus acciones administrativas las realizó cumpliendo órdenes de los miembros del Consejo de Seguridad que presidió Juan Orlando Hernández, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el jefe de las Fuerzas Armadas, el Fiscal General y el presidente del Congreso Nacional, quienes firmaban las decisiones por compras de armas, vehículos y de radares, entre otras.

“Yo sólo era pieza administrativa, en el esquema donde yo recibía de parte del comité de seguridad una instrucción donde me ordenaba comprar para todos los entes de seguridad, llámase Ministerio de Defensa, a través de la Policía, de las Fuerzas Armadas, Corte Suprema”, añadió.

El implicado fue pedido en extradición por la Corte del Distrito Sur del estado de la Florida por tres cargos, dos por la conspiración para cometer lavado de activos y la participación en transacciones de bienes derivados de actividades criminales.

El exadministrador de la Tasa de Seguridad refirió que “no veo la relación que me están haciendo en cuanto a los cargos que están imputando”, y señaló que estos deberían ser contra los miembros de la Tasa de Seguridad.

Cabe señalar que EEUU a través de la Corte del Distrito Sur de Florida pidió la extradición de Francisco Cosenza por tres cargos: dos por conspiración para cometer lavado de activos y un tercer cargo por de participación y transacción de bienes derivado de actividades criminales. 

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