Hicieron hincapié en que los desalojos de tierras que se dan en ciertos sectores del país generan un trauma emocional y psicológico “muy fuerte”.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, hizo un llamado al gobierno para hacer valer su derecho a la tierra, asegurando que no existe usurpación en las invasiones que denuncian desde la empresa privada.

Alrededor de 2 mil 400 millones de dólares (unos 60 mil millones de lempiras) pierde Honduras al año, producto de las invasiones de tierras según reporto en las últimas horas, Olvin Mondragón, asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

En ese sentido, Katherin Cruz, integrante de la Red Nacional de Defensoras, dijo que las autoridades hondureñas hacen caso omiso a la postura que mantienen desde hace décadas, asegurando que “la tierra es de quien la trabaja”.

“No podemos ser usurpadores si estamos defendiendo el derecho a la alimentación, de acceso a la vivienda, a una comunidad digna, al agua; los derechos humanos deben estar por encima de cualquier cosa”, expresó.

Cruz hizo hincapié en que los desalojos de tierras que se dan en ciertos sectores del país generan un trauma emocional y psicológico “muy fuerte”.

“Eso nunca sale en las noticias, los traumas que viven los niños y las niñas, debido a la persecución que viven y donde están coludidos muchos empresarios y funcionarios”, añadió.

“Cómo vamos a poner una cosa material sobre la propia vida humana y el sostenimiento de esas vidas humanas y familias”, concretó.

Otras exigencias

A 13 años de aniversario, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, expresó que, hace más de una década “nos organizamos para luchar tejiendo redes vitales con las defensoras que defienden todos los derechos humanos necesarios e indispensables para tener una vida valiosa, digna y feliz en Honduras”.

Aseguró que han documentado en su sistema de registros un aumento excesivo de agresiones contra las defensoras, y una impunidad generalizada ante los perpetradores de las mismas.

“Llama la atención las que se ejercen contra las defensoras de la tierra: hostigamientos, vigilancias, amenazas y judicialización, con lo que se mantiene a las compañeras en un estado severo de tensión y de impactos dañinos a su vida y la de sus familias y comunidades”, añadió.

Denunciaron que las defensoras de los derechos del cuerpo y la autonomía de las mujeres también están siendo señaladas y amenazadas por “sectores fundamentalistas religiosos a quienes las políticas del estado no les desalientan ni les piden cuenta por sus discursos de odio y misoginia, y en muchos casos son funcionarios del estado quienes hacen estos discursos y los estimulan”.

“La situación de vida y organización de las mujeres defensoras se encuentra muy precarizada por el alto costo de la vida, el incremento de la seguridad cotidiana, el gran número de personas que están abandonando el país para sobrevivir”, sentenciaron.

Hicieron hincapié en que, las organizaciones de DDHH luchan en situaciones de desventaja con todos estos elementos a los que se les suma el crimen organizado, el narcotráfico y las bandas paramilitares que impactan en casi todos los departamentos de Honduras.

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