El desplazamiento forzado está afectando gravemente a los pueblos indígenas y afrohondureños en Honduras. Desde 2016, se han registrado más de 200 quejas relacionadas con violencia, extorsión y despojo de tierras, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). Las amenazas, asesinatos de familiares, y el despojo de tierras han forzado a muchas personas a abandonar sus hogares.

Entre 2016 y mayo de 2024, el CONADEH ha recibido 202 quejas de desplazamiento forzado. De estas, el 55% provienen de hombres y el 45% de mujeres. La cifra de quejas ha aumentado significativamente en los últimos años: de 66 casos en 2016-2020, subió a 25 en 2021, 44 en 2022, y 42 en 2023. Los primeros cinco meses de 2024 suman 25 quejas, totalizando el 67% de los casos desde 2016.

Los pueblos más afectados son los miskitos, con el 76% de los casos, seguidos por los garífunas (17%), lencas (5%) y los negros de habla inglesa (2%). Las principales causas de desplazamiento incluyen amenazas (60%), asesinato de parientes (12%), extorsión y despojo de tierras (7% cada uno), violencia doméstica y tentativa de homicidio (5% cada uno).

El CONADEH destaca que el 55% de los agresores son desconocidos, mientras que el 24% son conocidos, el 12% son parejas, y el 7% miembros de maras y pandillas. Kathryn Lo, representante de ACNUR en Honduras, subraya que el desplazamiento forzado amenaza la existencia y los derechos de estos pueblos, desarraigando y despojando a las comunidades de sus territorios.

Blanca Izaguirre, del CONADEH, critica la falta de acción estatal para proteger los derechos de los pueblos originarios y garantizar su acceso a la tierra y recursos naturales, que son fundamentales para su vida y cultura.