Esto luego de las declaraciones de la viceministra Julissa Villanueva, quien aseguró que con armas policiales se perpetró la masacre donde murieron 46 reclusas en Támara.

La Policía Nacional a través de un comunicado dio a conocer, en la administración del gobierno anterior, a través de la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP), se adquirió a nombre de la institución policial, vehículos, armas, municiones y hasta aeronaves que no se encuentran en su poder ni en los inventarios de la institución.

Lo anterior, tras responder a las declaraciones vertidas en un programa de televisión nacional por la viceministra, Julissa Villanueva, asegurando que la Policía Nacional tiene responsabilidad en la masacre suscitada en la cárcel femenina de Támara, donde fallecieron 46 reclusas.

“La Policía Nacional es una institución profesional permanente del Estado, apolítica, encargada de velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate al delito, apegada siempre a los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia, sin más facultades que las que expresamente le confiere la ley”, menciona la institución en el escrito.

Asimismo, dijo que todos los procesos investigativos que desarrolla la Policía Nacional de Honduras se realizan de acuerdo con las orientaciones técnicas-jurídicas impartidas por el Ministerio Público.

“De manera concreta, en el lamentable suceso de la muerte múltiple en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) de fecha 20 de junio de 2023, en el proceso investigativo se ha logrado individualizar la participación de diez y nueve (19) privadas de libertad a título de autor material; y seis (06) a título de partícipe; además, se recolectaron diez y nueve (19) armas de fuego, entre ellas una pistola propiedad de la Policía Nacional que en el año 2013 mediante requerimiento investigativo fue puesta a orden del ente fiscal”, añade.

Hace hincapié en que, las diligencias investigativas sobre este hecho se encuentran en su etapa final.

“Como consecuencia de los lamentables hechos suscitados en PNFAS, el Poder Ejecutivo determinó la destitución del Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad y de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario de ese momento”, recuerda.

Compras sin paradero

Reconoce que, los casquillos encontrados en la escena de la muerte múltiple ocurrida en PNFAS “son similares” a los encontrados en otras escenas de muertes violentas.

“Es de resaltar que, en la administración del gobierno anterior, a través de la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP), se adquirió a nombre de la institución policial, vehículos, armas, municiones y hasta aeronaves que no se encuentran en poder, ni en los inventarios de la Policía Nacional”, justifica.

Además, menciona que, la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad de manera responsable, ejecuta los procesos de licitación correspondientes para la adquisición de equipo logístico, vehículos, construcción y mejoramiento de infraestructura, así como el pago de todos los licenciamientos correspondientes a la actualización de los sistemas informáticos de la Policía Nacional, entre los que se encuentra el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS).

“Conforme a lo establecido en el Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos y la normativa jurídica nacional, estos en el ejercicio de sus funciones oficiales deberán actuar de acuerdo con los mejores intereses del Estado y de la nación hondureña; por lo que, ningún funcionario de la

Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad ni de la Policía Nacional podrá poner en riesgo los procesos investigativos, divulgándolos, mientras sus resultados no se hayan presentado ante los órganos jurisdiccionales”, describe el comunicado.

Finaliza diciendo que, la Secretaria de Seguridad y la Policía Nacional “seguirá cumpliendo y respaldando a la Señora Presidenta Constitucional de la República, Xiomara Castro Sarmiento en sus determinaciones en materia de seguridad y como institución policial reitera su compromiso de seguir trabajando de manera responsable, garantizando la seguridad de las personas y sus bienes, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos”.

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