La inesperada decisión de Honduras de poner fin al acuerdo de extradición con Estados Unidos no ha sido bien tomada por diversos sectores de la sociedad civil en Honduras, quienes consideran que se trata de un retroceso en torno a la lucha contra el narcotráfico.

La cancelación del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos —por decisión del gobierno hondureño y cuya herramienta permitió en el pasado entregar a capos de la droga al país norteamericano— es la muestra de que Honduras atraviesa una etapa crítica en torno al Estado de derecho y la lucha contra el narcotráfico, según analistas.

“Estamos ante un cruce de esquina delicadísimo. A esta deriva autoritaria de la que tanto se habla por Nicaragua y El Salvador, se ha sumado Honduras, un país donde los proyectos autoritarios están chocando con los tratados y convenios internacionales”, dijo a la Voz de América, Napoleón Campos, politólogo y experto en relaciones internacionales.

Según Campos, el freno que ponen los convenios internacionales, la Constitución, la separación de poderes y el principio de legalidad y de protección judicial raya con el proyecto político de Xiomara Castro, mismo que a criterio de la organización InSight Crime, que monitoriza el crimen en América Latina, podría buscar “proteger a oficiales del gobierno de ser judicializados en Estados Unidos”.

“La anulación del tratado de extradición por el gobierno de Castro podría ser un intento de proteger a oficiales gubernamentales clave de ser judicializados en Estados Unidos, y seguramente debilitará la capacidad de ambos países para combatir los grupos criminales transnacionales”, expuso la organización en un análisis sobre el caso.

El fin del tratado fue una acción sorpresiva del gobierno hondureño como respuesta a los cuestionamientos de la embajadora de Washington en Tegucigalpa, Laura Dogu, sobre la visita de dos altos funcionarios hondureños a Venezuela para una reunión con el ministro de defensa venezolano, Vladimir Padrino, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Según la embajadora, fue “preocupante” y “sorprendente” ver al ministro de defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela. Ese comentario fue catalogado por el gobierno hondureño de “injerencista” e “intervencionista“, por lo que puso fin al acuerdo.

Pero el politólogo Campos cree que esa decisión no tiene relación con un tema de injerencia sino de violación a tratados internacionales en materia de justicia con el propósito de proteger criminales quienes ya se ven “por encima de la ley”.

“¿Qué justicia puede haber si las herramientas internacionales aplican para unos casos y no para otros que tienen relación con mi lado ideológico y político?, agregó el analista a VOA.

Una postura similar tiene la organización Cristosal, con sede en Honduras, El Salvador y Guatemala, que además de señalar un retroceso en cooperación judicial internacional, urgió al gobierno hondureño revisar la decisión.

“La derogación podría facilitar que los presuntos responsables de graves violaciones de derechos humanos evadan enfrentar la justicia, comprometiendo así la protección de los derechos fundamentales de las víctimas. Exigimos una revisión urgente de esta decisión”, señalaron en un comunicado.

Honduras es uno de los centros de operaciones del narcotráfico más importantes entre Suramérica y México, debido a que “todas las ramas del gobierno y sus fuerzas armadas se encuentran plagadas de corrupción”, según InSight Crime.

#Nacionales🚨| ¡Finalmente! Mario 'Cubeta' Cálix es trasladado al aeropuerto de Palmerola, Comayagua, para su extradición. pic.twitter.com/20s7y2FTm0

— ICN.Digital (@ICNDigital) September 4, 2024

“Durante las últimas dos décadas, la protección política permitió que los grupos tradicionales de narcotráfico florecieran”, señaló. Además, “los testimonios de los narcotraficantes y políticos hondureños en juicios en Estados Unidos han revelado la profunda conexión entre el crimen organizado y los grandes partidos políticos”.

Esta sería una de las razones por las que Honduras dio por terminado el acuerdo.

Según el testimonio del antiguo líder de los Cachiros, Devis Leonel Rivera, el expresidente Manuel “Mel” Zelaya, esposo de la actual presidenta de Honduras, aceptó sobornos cuando estaba en el poder. También testificó que, durante ese tiempo, el hermano de Mel y cuñado de Castro, Carlos Zelaya, usó una pista de aterrizaje clandestina en Olancho para introducir cocaína a Honduras.

Insight Crime dio a conocer un video en el que aparece Zelaya reunido con algunos de los más grandes narcotraficantes de Honduras en 2013, durante la campaña política de Castro.

“Las imágenes y el audio son lo suficientemente claros y muestran a los traficantes recordando contribuciones pasadas, presuntamente pagadas al expresidente Manuel “Mel” Zelaya, esposo de Castro, hermano de Carlos, y fundador del Partido Libre”, dijo Insight Crime.

En 2021, Castro llegó a la presidencia de Honduras prometiendo acabar con el narcotráfico luego de que su predecesor, Juan Orlando Hernández, fuera sentenciado a 45 años de cárcel por conspirar con narcotraficantes.

Pero el 28 de agosto pasado decidió acabar con un tratado de extradición vigente desde 1912. Aunque la constitución de ese país no permitía la extradición de ciudadanos hondureños pese al tratado, Juan Orlando Hernández, como presidente del Congreso en 2013 impulsó una reforma constitucional que expandió los poderes del gobierno sobre la extradición.

El acuerdo de extradición vence el 28 de febrero de 2025.

Reportaje cortesía del medio digital La Voz de América