Mediante un comunicado, cuatro organizaciones de la sociedad civil reclaman la creación de un plan integral y sostenible contra la violencia, alejándose de lo que han denominado “medidas paliativas”. La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), la Asociación Paz y Superación para Honduras (ASOPAZH), el Comité de Privados de Libertad de Gracias a Dios (COPRIGRAD) y la Red de Asesores Legales por la Defensa de los Derechos Humanos (REALDH) destacan que, aunque se ha observado una reducción en las muertes violentas comparadas con otros años, otros delitos como los raptos y la extorsión están en aumento.

Según el Observatorio de la Violencia, el año 2024 presenta cambios significativos en el mapa criminal. Por ejemplo, preocupa la cantidad de personas desaparecidas, que ya suman 200 en siete meses. Solo en el mes de junio se registraron 30 desapariciones, lo que significa casi una persona desaparecida por día. Lo más alarmante es la falta de respuesta sobre las razones que llevan a una persona a dejar de comunicarse con sus amigos y seres queridos. Es decir, no se sabe si son víctimas de trata u otros delitos, y hasta ahora, la poca investigación solo genera especulaciones.

Las organizaciones de la sociedad civil afirman que, en los últimos 22 años, la política de seguridad en Honduras ha estado marcada por acciones mediáticas, paliativas, improvisadas y poco realistas. Resaltan la necesidad urgente de implementar un plan de seguridad integral que ataque las raíces de la violencia y promueva la cooperación entre las diferentes instituciones del Estado.

Vencer el crimen es posible

A nivel mundial, existen ejemplos de planes de seguridad exitosos. En Nueva York, la implementación de la estrategia de “tolerancia cero” en los años 90 redujo significativamente los índices de criminalidad. Esta política se basó en un enfoque proactivo y preventivo, con una fuerte presencia policial en las calles y la aplicación estricta de la ley. En Colombia, la estrategia de “Seguridad Democrática” redujo la violencia a través de una combinación de presencia militar y programas sociales que buscaban la reintegración de excombatientes y el desarrollo de comunidades afectadas por el conflicto.