Desde diciembre del 2022, que entró en vigencia el Estado de excepción hasta septiembre del 2023, el Conadeh atendió 286 quejas, de personas que denunciaron ser víctimas de violaciones a los derechos humanos y responsabilizaron de las acciones violentas a los cuerpos de seguridad encargados de mantener el orden en el país.

Estados Unidos se sumó en las últimas horas a la preocupación manifestada por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), por los actos de violencia registrados en el Congreso Nacional.

Los abogados añadieron que no están actuando por ningún interés particular, sino en defensa de las leyes y de toda la población.

Funcionarios han dado a conocer que EEUU sigue de cerca la situación y reiteran el llamado a elegir un Fiscal General y Adjunto con el voto de 86 diputados y no de una minoría.

Diputados de oposición que llegaron desde tempranas horas al hemiciclo legislativo, denunciaron que no se les permitió la entrada ni al parque, ni a sus respectivas oficinas.

Nichols apuntó en las últimas horas que la elección de autoridades internas del Ministerio Público por una minoría del Congreso Nacional socava la confianza en las instituciones.

“Nuestro trabajo es darles acompañamiento a las nuevas autoridades y evitar que haya problemas”, reiteró.

Marín reiteró que su forma de trabajar es desmarcándose de los intereses políticos.

Sostendrán reuniones con las autoridades que habían estado a cargo, el director y subdirector de las oficinas principales. Los fiscales interinos, Johel Zelaya y Mario Morazán, ingresaron a tempranas horas de este jueves en dos diferentes sedes del Ministerio Público, con el fin de tomar posesión de sus cargos. “Iniciamos una histórica jornada, en donde le vamos a devolver […]

Nichols reiteró el llamado del gobierno de EEUU en el sentido que el Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público deben ser electos con los 86 votos que manda la Constitución.

La Policía tuvo que intervenir incluso con una tanqueta para controlar la situación.

El exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, aseguró que Luis Redondo está violentando la ley al nombrar un Fiscal General y Fiscal Adjunto a través de una comisión.