Gobierno constituyó una comisión encargada de negociar con las Naciones Unidas (ONU) para la posible instalación de la Comisión Internacional Anticorrupción (CICIH).

El organismo internacional instó al gobierno de Honduras a investigar los atentados contra activistas de la sociedad civil y defensores de derechos humanos Miriam Miranda, José Ramiro Lara Zavala, y los asesinatos de Soraya Álvarez y José David Fortín.