La administración Castro ha defendido la denuncia del tratado como un acto de soberanía y dignidad nacional. Según el canciller Eduardo Enrique Reina, “la presidenta ha tomado una decisión soberana basada en el respeto mutuo y en la no injerencia”.

¿No era acaso la declaratoria de agente diplomático “non grato” lo que procedía contra la embajadora Dogu ordenando su salida del país?… Los Estados Unidos de América ya lo han hecho y lo continúan haciendo con otros países acreditantes