Titular del SAR oficializa denuncia contra 10 familias que “forman mafia en el Cohep”
by Gabriel Ortiz |
El funcionario dijo que, como consecuencia, suman 1,500 millones de lempiras en perjuicio en contra del Estado de Honduras.
En un camión llegó al Ministerio Público el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, asegurando que en su interior transportó las pruebas de la supuesta mafia de la que es parte el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
En las últimas horas, mencionó que son 10 las familias que ostentan el poder político y económico de Honduras y que han sido beneficiados con exoneraciones en administraciones pasadas que dejarían un perjuicio para el Estado de varios millones de lempiras
Además, Ochoa acusó que el grupo empresarial mantiene nexos con el narcotráfico a través del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC).
En ese sentido, el funcionario de gobierno fue esperado en las afueras de este ente investigador por varios representantes de la empresa privada, quienes lo citaron en ese lugar a las 10:00 por las graves acusaciones y le exigieron presentar las pruebas, pues “de lo contrario estaría difamando”.
En sus declaraciones, indicó que entre las pruebas llevadas en el camión suman más de 20 mil páginas con evidencias que conllevan declaraciones de impuestos, aduaneras, resoluciones de exoneraciones, expedientes administrativos, protocolos de constitución de sociedades mercantiles, reportes de inteligencia aduanera y fiscal, entre otros.
Defendió que los casos presentados representan la comisión de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y ayudas.
Añadió que, entre los delitos denunciados, suman 1,500 millones de lempiras en perjuicio en contra del Estado de Honduras.
Las 10 familias
“Quienes ostentan el poder político y económico del país son una mafia de 10 familias que ha concentrado su riqueza a costa de la pobreza de las mayorías”, expresó Ochoa.
“Nos estamos haciendo presentes respondiendo el mandato popular de 1.7 millones de personas que votaron en 2021 por el combate a la corrupción público-privada”, agregó.
Asimismo, indicó que, “estas 10 familias disfrazadas como BOC (Bloque de Oposición Ciudadana) conspiran para impedir los cambios profundos que el país necesita y la elección de un fiscal general que traiga justicia al país”, enfatizó, con relación a los cuestionamientos hechos por algunos líderes de esta alianza política.
Argumentó que “durante 12 años de gobierno nacionalista se legalizó el saqueo y la corrupción, tal como ocurrió el 20 de enero de 2014 cuando se aprobaron a favor de las finanzas de estas 10 familias 100 contratos y 67 decretos. Este grupo recibió de manera indebida exoneraciones de casi 500 millones lempiras”.
Los casos
Ochoa habló de manera general de algunos de los casos presentados entre toda la documentación presentada.
El primero se trata de una empresa que importó un helicóptero sin pagar impuesto y este fue utilizado para transportar a la familia dueña de la empresa y a sus amistades.
El segundo caso sería acerca de un grupo económico que utilizó su influencia y conexiones, tanto con el Congreso Nacional como con un exministro de la Secretaría de Desarrollo Económico para lograr de forma corrupta la aprobación de 3 decretos y de una resolución con el fin trasladar ilegalmente los beneficios de una empresa en Zona Libre (ZOLI) a otras en el Régimen de Importación Temporal (RIT) para evitar el pago de todos los impuestos.
Aseveró que, como consecuencia, este grupo recibió de manera indebida casi 500 millones de lempiras en exoneraciones.
La tercera denuncia consiste en que una empresa multinacional utilizó su influencia política para gestionar un decreto en el Congreso, a través de la interpretación del Código Tributario y de forma retroactiva eliminó el ajuste derivado de una auditoría tributaria, el cual se estimó en más de 500 millones de lempiras.
Finalmente, señaló cómo un empresario y exdiputado del Congreso Nacional, supuestamente incurrió en diversos delitos al promover un decreto contentivo de beneficios fiscales para sus empresas en el régimen de Zona Libre Turística de Islas de la Bahía (ZOLITUR), por más de 450 millones de lempiras.
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