La Unidad de Política Limpia solicitó un presupuesto de 124 millones de lempiras en abril de este año, para fiscalizar las campañas electorales de las primarias de marzo de 2025. Los fondos permitirían la contratación de 200 personas adicionales, que se sumarían a los 72 empleados actuales de planta, durante un periodo de 4 a 6 meses. Sin embargo, los diputados no han aprobado el presupuesto, dejando a la unidad operando con los 51 millones de su presupuesto regular y recursos de cooperación externa. Según Emilio Hércules, comisionado presidente de la Unidad, “no es lo que se debe, pero tenemos que seguir trabajando, sobre todo porque esperamos una cantidad considerable de candidatos”.

Se prevé que al menos 15 movimientos participen de manera oficial en las elecciones primarias, lo que representa un gran desafío para una unidad que enfrenta su cuarto proceso de fiscalización. Hércules destacó la gravedad del financiamiento ilícito, afirmando que “no podemos decir que un nivel electoral o una región es más propensa que otra, estos señores – refiriéndose a narcotraficantes– pagan y luego se convierten en aliados en el Congreso Nacional o el gobierno”. Esto refleja la creciente preocupación por la penetración del narcotráfico en las campañas políticas.

El comisionado también reconoce deficiencias en la legislación, específicamente en el artículo 245 de la Ley Electoral, que permite actividades políticas previas a las campañas en lugares cerrados, sin una adecuada auditoría. Estas actividades incluyen la difusión de ideología, promoción de candidatos y presentación de planes de gobierno, elementos clave que deberían ser auditados. A pesar de estos obstáculos, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos ha desarrollado una estrategia que busca garantizar la máxima publicidad y difusión de la información, firmando convenios con entidades como el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y el Registro Nacional de las Personas (RNP) para verificar los gastos reportados por los partidos.

Pero esta estrategia podría quedar sólo en papel, advierte el director del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), Gustavo Irías, el financiamiento irregular está “en el centro de la corrupción política” y fue uno de los focos principales de la extinta MACCIH, especialmente en el Caso Pandora. Irías recordó que la Ley de Fiscalización de Fondos Ilícitos ha sido bloqueada parcialmente por la Resolución SO-086-2018 del Instituto de Acceso a la Información Pública, que protege la identidad de los aportantes privados a las campañas, y complica aún más la transparencia.

Hércules concluyó: “Esto nos afecta a todos. Todos debemos involucrarnos en la lucha contra la corrupción en las campañas electorales”.